Este artículo hace parte del contenido del Boletín Trimestral (Julio – septiembre) del Santuario de San Pedro Claver.
Por: Raúl Paniagua Bedoya. | Sociólogo
El uso de la frase, deudas históricas, se ha venido utilizando en diferentes medios académicos y periodísticos, en especial desde hace unas pocas décadas en nuestro país y en forma esporádica se ha mencionado por algunos científicos sociales, desde hace ya casi un siglo. Esa deuda histórica se ha venido haciendo explícita cuando la constitución de 1991 reconoce a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Estas dos palabras expresan un universo que no era reconocido, aceptado y mucho menos valorado, como era la existencia de una población que no representaba el modelo que se pretendía, tanto desde la política como desde las ciencias sociales, como ocurría en la educación, esto es, de un país donde no todos eran blancos, pues también existían indígenas, negros y todas las posibles mezclas que casi cinco siglos fueron permitiendo. Con un agravante, que esas deudas aún no se han pagado. La gran mayoría siguen vigentes sin empezar a saldarlas.
Algunos historiadores, han documentado como es el caso Alfonso Múnera, que señala que en el libro oficial de historia de Colombia de Henao y Arrubla, que fue el texto guía de la enseñanza de nuestra historia por más de 60 años, no se menciona en casi ninguna parte la existencia en nuestra nación de los pueblos indígenas y negros.
Esta invisibilización por décadas, casi siglos, dejó profundos impactos en la sociedad colombiana y en particular, en el ejercicio de la política y en el ejercicio del Gobierno. Esto que se pretendía superar en la constitución de 1991, aún tiene un trayecto largo por recorrer, en especial en cuanto a las obligaciones legales y éticas de los gobiernos frente a las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes.
Podríamos afirmar que es en plural, son deudas que el Estado hoy tiene con amplios sectores sociales y que marginalmente se empiezan a pagar, más por la terquedad y legitimidad de los reclamantes, que por la respuesta coherente del Estado a empezar a pagar esas deudas. Parodiando una frase que dice que la grandeza de una nación estriba en la capacidad de escuchar y responder a las necesidades de los más débiles, en nuestro medio, esos más vulnerables aún no están en el eje de las actuaciones políticas, pues nuestros gobiernos no han tenido la disposición real de atender con equidad y justicia a los históricamente olvidados y excluidos.
Una de las constantes de nuestro país es que estás comunidades, en su mayoría se han asentado en los territorios más apartados de los centros de decisión y de poder, por lo tanto, invisibilizados por las entidades públicas, partiendo por los Gobiernos nacionales y locales.
Esas deudas históricas de por si graves en los aspectos de infraestructura y equipamiento social y comunitario, que expresan descuidos o negligencias insostenibles en cualquier sociedad decente, son más grave en el desconocimiento de sus derechos colectivos, uno de ellos, a la tierra, a su identidad cultural, a sus formas de expresión y de reconocimiento. Pero creemos que es en el campo de la salud y de la educación donde se evidencian esos vacíos y por lo tanto donde la deuda en más protuberante. Pero estas deudas son en general a su desarrollo autónomo, a no propiciar el logro de sus aspiraciones y su cosmogonía, al desconocimiento de su identidad colectiva, a la visión parcial de sus relaciones sociales y con su entorno ambiental.
Todo lo anterior se puede sintetizar en unas pocas palabras: en Colombia los más pobres son las comunidades afrodescendientes, los indígenas y campesinos. De estos aún tienen las peores condiciones las mujeres, los adultos mayores y los niños. Si empezamos a aterrizar estas líneas a nuestra región, vamos a encontrar que, en las veredas y corregimientos de Cartagena, los mayores niveles de pobreza y de carencias los encontramos en las comunidades de la zona norte y de las islas de Barú y Tierrabomba, donde casi el 90% de sus habitantes son afrodescendientes.
Es incomprensible, para cualquier observador externo, porqué las comunidades de las islas y de la zona norte de Cartagena, son tan pobres, tienen tantas carencias, son tan vulnerables si viven rodeados de recursos naturales, ambientales y económicos de gran valor, de fácil acceso y de una fácil explotación y generación de procesos que pueden potenciar la transformación de estas comunidades. La respuesta puede ser simple: el Estado nacional y local no han asumido las responsabilidades de empezar a pagar las deudas que históricamente tienen con estas poblaciones. Por ello, los bajos niveles y mala calidad de la educación, la ausencia de servicios públicos básicos, la precariedad en la prevención y atención en salud, el desinterés de propiciar emprendimientos económicos o de apoyar procesos productivos. En resumen podríamos afirmar que se siguen perpetuando mecanismos colectivos de exclusión social, discriminación racial, fragmentación espacial y segregación cultural, lo que se refleja claramente en las condiciones de vida de estas poblaciones y lo que se puede evidenciar con la simple observación de las condiciones de estas poblaciones, rodeadas de enormes desarrollos urbanísticos y turísticos, pero a quienes solo llegan oportunidades marginales, a quienes solo se les observa como parte del paisaje o en algunos casos como parte del atractivo de la zona.
