Esta demostrado en estadísticas oficiales, pero además en múltiples documentos e informes, que la condición de la población rural en Colombia no solo presenta grandes carencias y vacíos, sino que respecto a la población urbana las condiciones son bastante desiguales y desventajosas, pero esto es más grave en varias circunstancias que hacen la situación más compleja.
Para empezar, no es lo mismo la situación de las poblaciones más alejadas de los centros urbanos, la de aquellos sectores donde predomina la población afrodescendiente o indígena, la que se encuentra en corredores o zonas de cultivo de la hoja de coca o que tienen algún interés especial para los grupos armados ilegales.
Pero hablando de nuestra región, si las condiciones de pobreza urbana en Cartagena son críticas, lo que ocurre en la zona rural e insular es denigrante para cualquier sociedad que se pretenda decente. Si la información oficial nos dice que en Cartagena casi una tercera parte de la población vive entre la pobreza y la pobreza extrema, para los corregimientos estos valores están entre el 70 y el 90%. Pero más grave todavía, es que las condiciones de la infancia y la adolescencia son aún peores.
La presencia del Estado es marginal, los programas que funcionan en forma regular y eso no todos los días ni meses son algunos hogares de bienestar, las instituciones educativas apenas están volviendo a su funcionamiento regular y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que para muchas familias es la única fuente segura de alimentación durante muchos días y para toda la familia se hace cada vez más distante y esporádica, sin contar con la calidad de sus componentes.
Si la pandemia dejó durante estos dos años elevados niveles de pobreza y desempleo, grandes impactos en la salud mental y en la nutrición, lo que ha venido ocurriendo en las zonas rurales es más dramático. Pues no solo las consecuencias de la pandemia se mantienen, sino que entre los años 2017 a 2019 se aceleró la migración desde Venezuela, con miles de retornados, migrantes y desplazados, que se asentaron, una buena parte de ellos donde algún familiar, pero a muchos les tocó montar ranchos en lotes de la misma comunidad, dando lugar al aumento de los barrios de invasión o a la densificación de aquellos que se habían venido formando en los últimos años.
Tenemos casos, como en Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Bayunca y en general en todas las comunidades de la zona norte, que en pocos años vieron duplicar su población, obviamente sin las mínimas condiciones de habitabilidad y dignidad. En este contexto los más perjudicados, los que llevan las peores consecuencias son los niños, niñas y adolescentes, en particular aquellos de primera infancia (0 a 6 años) para quienes las condiciones de acogida, protección y garantía de sus derechos básicos se va haciendo en forma muy lenta por parte de las instituciones públicas y con un apoyo marginal por parte de las mismas comunidades, en especial por sus propias condiciones de subsistencia.
La frase de Peter Drucker, de que «los estados son muy pequeños para los problemas grandes y muy grandes para los problemas pequeños«, sigue mostrándonos su precisión. No tenemos respuestas para atender las necesidades primarias de grandes grupos de población urbana y menos para atender algunos cientos de niños de zonas rurales. Pero además el gobierno sigue desdeñando las capacidades de las comunidades y de la sociedad civil para proveer la solución a sus problemas, para ingeniarse respuestas y acciones para resolver sus problemas, para crear mecanismos de solidaridad y apoyo mutuo.
Nuestros gobiernos y la clase política, como agente de este, han venido destruyendo en forma constante las iniciativas y capacidades de las poblaciones locales para enfrentar sus problemas. Han ido fortaleciendo la desconfianza entre los mismos ciudadanos, han ido minando la ciudadanía y su capacidad de actuación y diluyendo las relaciones que sostienen las comunidades, de tal forma que han ido convirtiendo al gobierno y a sus diferentes agencias en el único referente para el relacionamiento ciudadano.
Este panorama nos demanda una acción cristiana de volver los ojos y nuestra labor hacia estos niños y niñas que reciben la pesada carga de una sociedad fracturada, desconfiada y sin mecanismos de enfrentar desde ellos la situación.
Por Raúl Paniagua Bedoya, Sociólogo.
